El 2 de junio se celebra internacionalmente el "Sex Worker Day" en honor a las personas que desarrollan su actividad profesional en el campo del "trabajo sexual", denunciando su inseguridad jurídica y los casos de explotación.
Desde hace unos meses, desde Japón llegan comentarios sobre una propuesta de ley que complicaría mucho la actividad de la industria del sexo, especialmente la producción de contenidos y la organización de eventos y espectáculos.
El cambio legislativo propuesto supondría un duro golpe económico y social para el sector, especialmente para la escena shibari. Que tras la pandemia parece haber perdido gran parte de su audiencia y rentabilidad económica.
Esto en Japón, pero en España parce que las cosas van en la misma dirección. El partido que gobierna presentó en mayo una propuesta de ley, calificada por muchos como "abolicionista", redactada de forma ambigua y genérica que, entre otras cosas, dice:
Art. 187 ter
1.- El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de 12 a 24 meses.
Artículo, que interpretado rigurosamente, prohibiría cualquier tipo de actividad comercial relacionada vagamente con el sexo, y que por su ambigüedad puede generar situaciones de indefensión jurídica entre quienes se dedican a la producción de contenidos, espectáculos, creación artística, educación de adultos, o difusión cultural.
En su espíritu, esta proposición busca equiparar los casos de explotación laboral en el trabajo sexual, y los atentados contra la libertad sexual con la libre elección y desarrollo de una actividad profesional.
La miseria moral, ideológica y cultural de la clase política es una seria amenaza para las libertades individuales y el progreso de la sociedad.